Cristina Kirchner atravesó este martes la primera jornada del juicio oral por la causa Vialidad, en la que es investigada por presuntas irregularidades en la obra pública

El juicio comenzó con la lectura de las imputaciones apenas pasado el mediodía y luego pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes.

Cristina se ubicó en la última fila de la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py, al lado del sector designado para el público, en donde había dirigentes sindicales, legisladores y Madres y vuelas de Plaza de Mayo. A su derecha se encontraba su abogado, Carlos Beraldi. Puso así prudente distancia de Julio de Vido y Lázaro Báez, los otros dos acusados en la causa conocida como "Vialidad", que investiga presuntos sobreprecios por más de 46 mil millones de pesos en obras adjudicadas al empresario, sindicado como el "testaferro" de los Kirchner.

CIJ

También están imputados José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta, y se puso en marcha luego de una fallida maniobra de la Corte Suprema para postergarlo.

Marcha atrás de la Corte: ahora dicen que el juicio contra Cristina empieza el martes

A pocas horas del inicio del juicio Cristina denunció que se trata de "nuevo acto de persecución" en su contra por parte del Gobierno con el objetivo de sentarla en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral.

De acuerdo al texto base de la acusación, durante el gobierno de la ex presidenta hubo una "matriz de corrupción" que tuvo como fin la "defraudación al Estado Nacional, y lavado de dinero a través de la obra pública vial" y la sustracción "de fondos públicos".

Según la investigación fiscal, las empresas de Báez en Santa Cruz recibieron el 80 por ciento del total de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo y la cobraron en su totalidad pese a que gran parte no estaba terminada.

De Vido, López y Carlos Kirchner son considerados organizadores de la asociación ilícita para "cometer delitos de forma estable y permanente por más de doce años" con la "sustracción de fondos públicos".

"Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad seleccionando a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción", agregó la acusación.